El director general de Cargas Fiscales del Gobierno aragonés, Francisco Pozuelo, estimó que la aprobación de las nuevas cargas medioambientales podría suponer 12 millones de euros, contando 8,5 millones para parques eólicos y 3 millones para parques fotovoltaicos. Esto representa una reducción de los 20 millones previstos inicialmente.
Detalles del tiro
Pozuelo ha apuntado que pese a la reducción de las expectativas de conciliación no se esperan «implicaciones preocupantes» por el buen comportamiento de otros impuestos como el patrimonio y el de sucesiones. La actividad inmobiliaria, que se mantiene a buen ritmo, podría compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información para establecer cifras iniciales provocó represalias en la introducción de nuevas obligaciones y cambios regulatorios. Enfatizó que para una adecuada regulación es importante tener datos precisos sobre las dimensiones de los equipos.
Cuadrados y proyecciones
Esperan que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque han perdido meses de recuperación. Para el próximo año, se estima que los ingresos totales por impactos ambientales podrían ascender a 22 millones de euros.
Reacciones políticas
PSOE
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir la vergüenza, señalando que los impactos ambientales deberían compensar las reducciones de otros acusados.
VOX
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley, afirmando que no se ajusta al consenso obtenido con el PSOE, que desincentivaría la expansión de las energías renovables.
Aragón-Teruel existe
María Pilar Buj se quejó de que la ley no tiene suficientemente en cuenta el impacto sobre el medio ambiente y criticó que los mayores contaminadores no pagan lo suficiente.
Otros grupos
José Luis Soro destacó la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) hizo planes de futuro, sobre todo en relación a proyectos como Maestrazgo, que no se pudo cargar correctamente.
La esperada recomendación e implementación de nuevos impulsos ambientales en Aragón ha provocado un intenso debate político que refleja preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de insumos fiscales. Las diferentes posiciones aumentan la complejidad de gestionar la transición hacia energías más limpias en el contexto de la legislación fiscal.