Los 10 países con las políticas de responsabilidad social empresarial más avanzadas

La responsabilidad social empresarial ya no depende solo de compromisos voluntarios. En algunos países, las empresas deben informar sobre sus impactos, examinar los riesgos de sus proveedores, prevenir abusos laborales y explicar cómo gobiernan sus decisiones ambientales y sociales.

No existe una clasificación oficial que permita señalar, sin discusión, a los diez países «más avanzados». Las normas cambian, sus obligaciones varían según el tamaño de la empresa y una ley exigente no garantiza buenos resultados. La siguiente selección compara la amplitud de las políticas, sus mecanismos de vigilancia y su capacidad para influir en las prácticas empresariales.

Francia: responsabilidad sobre toda la cadena de valor

Francia sobresale gracias a su normativa de 2017 centrada en la obligación de vigilancia. Dicha legislación impone a ciertas corporaciones de gran envergadura la creación y ejecución de una estrategia destinada a detectar y mitigar perjuicios severos contra los derechos fundamentales, la salud, la integridad y la ecología, abarcando tanto sus propias operaciones como las de proveedores y subcontratistas específicos.

La ley de 2019 sobre crecimiento y transformación empresarial también abrió vías para incorporar un propósito social a los estatutos y adoptar la condición de «sociedad con misión». La combinación de prevención de riesgos y definición del propósito empresarial hace de Francia una referencia, aunque la eficacia de cada plan depende de su ejecución y vigilancia.

Alemania: obligaciones de diligencia debida para grandes empresas

La ley alemana sobre diligencia debida en las cadenas de suministro entró en vigor en 2023 para empresas que alcanzaban un umbral de 3.000 trabajadores en Alemania; desde 2024, el umbral previsto por la ley se redujo a 1.000. Exige gestionar riesgos relacionados, entre otros asuntos, con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y determinados daños ambientales vinculados a vulneraciones de derechos.

Su rasgo distintivo es que no basta con publicar una declaración de principios: las empresas afectadas deben establecer procedimientos de análisis, prevención, respuesta y reclamación. Las posibles reformas del marco europeo y nacional hacen necesario comprobar qué obligaciones están vigentes en cada momento.

Noruega: una transparencia al alcance de cualquier ciudadano

La ley noruega de transparencia, en vigor desde el año 2022, exige a las entidades sujetas a su normativa que examinen los riesgos asociados a los derechos humanos y al bienestar laboral dentro de sus procesos productivos y redes de abastecimiento. Asimismo, estas organizaciones se encuentran obligadas a divulgar los resultados de dichos análisis.

Una característica especialmente relevante es el derecho del público a solicitar información sobre cómo una empresa aborda esos riesgos. Así, organizaciones sociales, consumidores y periodistas pueden formular preguntas concretas, más allá de leer informes generales. Noruega también ha utilizado criterios de inversión responsable en la gestión de su fondo soberano, aunque esos criterios no sustituyen las obligaciones propias de las empresas.

Dinamarca: información empresarial y objetivos climáticos

Dinamarca se convirtió en pionera al obligar a ciertas grandes corporaciones a detallar sus iniciativas de responsabilidad social, sus logros y, si era pertinente, la carencia de dichas directrices. Dicho recorrido propició que los temas ecológicos y sociales se integraran en la administración habitual y en la obligación de rendir cuentas.

Su ley climática fija además una reducción nacional de emisiones del 70 % para 2030 respecto de 1990. Esa meta no es, por sí sola, una obligación idéntica para cada compañía, pero orienta la regulación y las decisiones de inversión. Como integrante de la Unión Europea, Dinamarca participa asimismo en el marco europeo de información empresarial sobre sostenibilidad.

Suecia: sostenibilidad integrada en la gestión

En Suecia se fusionan las exigencias de información no financiera con una prolongada atención ciudadana hacia las condiciones laborales, la igualdad y la ecología. Las compañías afectas por estas regulaciones de transparencia están obligadas a detallar sus estrategias y los riesgos asociados, dejando atrás la mera presentación de acciones filantrópicas aisladas.

El objetivo nacional de alcanzar emisiones netas nulas en 2045 y el uso de criterios de sostenibilidad en empresas estatales y contratación pública refuerzan esa orientación. Conviene distinguir, no obstante, entre una meta climática del país y los resultados verificables de una empresa concreta.

Finlandia: coherencia entre clima, gobernanza e información

Finlandia ha establecido como objetivo nacional la neutralidad climática para 2035. Su política empresarial se apoya además en las reglas europeas de divulgación y en una cultura institucional que favorece la transparencia y la supervisión.

Su fortaleza reside en conectar planificación pública y decisiones privadas: las empresas deben prepararse para explicar cómo identifican sus impactos y riesgos materiales cuando les resultan aplicables las obligaciones de información. El principal desafío es convertir los objetivos y los informes en reducciones comprobables de emisiones y mejoras sociales.

Países Bajos: valor a largo plazo y control de la gobernanza

El modelo de los Países Bajos otorga una relevancia primordial a la generación de valor sostenible a lo largo del tiempo. Las directrices de su código de buen gobierno exigen a las compañías sujetas a esta normativa que evalúen de qué manera sus determinaciones impactan en la continuidad de la corporación y de su ecosistema próximo.

También existen directrices destinadas a potenciar la paridad de género dentro de los órganos directivos de ciertas empresas. En sintonía con las normativas comunitarias vigentes, tales disposiciones impulsan la integración de cuestiones sociales y medioambientales en la agenda del consejo de administración. No obstante, su alcance presenta una frontera nítida: una sólida arquitectura corporativa no garantiza, por sí sola, la prevención de perjuicios a lo largo de la cadena de suministro.

España: información no financiera, igualdad y contratación pública

La ley española de 2018 sobre información no financiera reforzó la obligación de determinadas empresas de divulgar cuestiones ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Las exigencias dependen de criterios legales de tamaño y otras condiciones: no afectan de la misma forma a todas las sociedades.

España dispone también de planes de igualdad preceptivos para aquellas firmas que superan el límite legal, protocolos destinados a salvaguardar a los informantes de irregularidades y disposiciones que facilitan la incorporación de exigencias sociales y ecológicas en las compras públicas. A modo de ejemplo, un concurso puede ponderar acciones ligadas al propósito del convenio, siempre y cuando se respeten los principios de concurrencia y proporcionalidad.

Reino Unido: transparencia sobre esclavitud moderna y riesgos climáticos

La legislación británica sobre esclavitud moderna promulgada en 2015 obliga a ciertas entidades a difundir anualmente un informe acerca de las acciones emprendidas para combatir la esclavitud y el tráfico de personas dentro de sus operaciones y cadenas de valor. Asimismo, el territorio nacional ha implementado exigencias de transparencia climática para determinadas categorías de corporaciones.

Su trayectoria refleja tanto la utilidad como la frontera de la apertura informativa: difundir un comunicado posibilita auditar las promesas corporativas, si bien no garantiza que se hayan detectado todas las irregularidades ni subsanado por completo. La solidez de las auditorías y de las acciones subsiguientes resulta fundamental.

Canadá: atención creciente al trabajo forzoso e infantil

Desde 2024, la legislación federal canadiense exige a determinadas empresas y entidades públicas informar anualmente sobre las medidas adoptadas para reducir el riesgo de trabajo forzoso y trabajo infantil en sus cadenas de suministro. Canadá también cuenta con obligaciones federales de equidad salarial en los sectores comprendidos por la normativa.

Su inclusión responde al alcance de estas políticas y a su potencial para mejorar la vigilancia de proveedores. No obstante, la obligación de informar sobre un riesgo no equivale, por sí misma, a una obligación general de eliminarlo en toda la cadena: esa diferencia es importante al comparar países.

El siguiente cuadro resume el instrumento principal de cada país y el rasgo que lo distingue.

¿Qué convierte una política en verdaderamente avanzada?

Más allá de la ubicación geográfica de cada nación, las estrategias más eficaces suelen integrar múltiples factores:

• Prevención: anticiparse a los peligros antes de que causen perjuicios.
• Responsabilidad en la cadena de suministro: fiscalizar igualmente los vínculos comerciales y no limitarse a los espacios de trabajo propios.
• Información útil: divulgar los riesgos, las acciones adoptadas y los resultados con el nivel de detalle necesario para su análisis.
• Vías de reclamación: habilitar canales para que los perjudicados denuncien incidencias y reciban contestación.
• Supervisión: verificar el acatamiento de las normas y enmendar los procedimientos inadecuados.

Estos diez países muestran caminos distintos hacia una empresa más responsable: algunos priorizan la diligencia debida; otros, la transparencia, la igualdad o la gobernanza. La prueba más importante no está en la cantidad de compromisos anunciados, sino en si las políticas permiten detectar daños, escuchar a quienes los sufren y producir mejoras verificables.