A partir del 2 de agosto, España empezará a aplicar la directiva europea de conciliación, que introduce un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tome un permiso parental durante al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla 8 años. Estos dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si son incompletos. Por ahora, el gobierno tiene un plazo adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
La Ley de Familia ya reconoce este derecho, pero el derecho a definir cómo y cuándo se financiará también deja en suspenso el pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciaremos al salario de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.
El diputado de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 semanas por nacimiento y 8 por cuidado hasta que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas de parto y 3 semanas extra de lactancia.
El PSOE propone ampliar el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantizar el reembolso de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros durante la semana salarial. Además, si no se aplica la normativa a tiempo, la multa puede alcanzar los 53.600 euros diarios.
Hay muchos jóvenes en la población activa y incertidumbre sobre la financiación de estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derechos laborales, si bien la ley reconoce derechos, no especifica cómo se deben pagar. Esto ha creado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estas licencias y su coste.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también dice que la falta de claridad sobre cómo implementar estos permisos ha creado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad de los pagos recae en el Estado, pero son necesarios avances regulatorios para que esto sea vital, con el objetivo de cumplir plenamente con la directiva en 2025.