La mayoría de los países desarrollados han abolido el impuesto al patrimonio neto. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva de hasta el 3,5%. En los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque con muchos más abismos que España.
Según datos de la OCDE, en España el importe del patrimonio es progresivo, oscilando desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000€.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo en 2022 un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con propiedades en el extranjero, mientras que las propiedades ubicadas en España están sujetas al impuesto incluso si su propietario no es residente en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con un patrimonio superior a 150.000 euros, con un 0,7% asignado a los municipios y un 0,3% al gobierno central. Para las actividades superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos a los activos varían según el cantón con tasas entre el 0,3% y el 0,5% y se aplican tanto a los activos nacionales como a muchos activos en países extranjeros.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, las grandes fortunas en España tienen una carga fiscal más alta que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita es tres veces el de España y 2,5 veces el de Estados Unidos.
Los expertos creen que este tipo de impurezas son ineficaces y muchos países desarrollados han decidido eliminarlas. Según la OCDE, en 2022 el impuesto sobre el patrimonio en España representa el 0,54% del total de los componentes fiscales, correspondiente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los componentes fiscales, lo que corresponde al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales procedentes de este impuesto representan el 4,35% del total, lo que corresponde al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos montos generan pocos ingresos, altos costos administrativos y fomentan la evasión fiscal. En un artículo para el think tank Tax Foundation, la economista Cristina Enache explica que estas tasas son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de Países Bajos declaró que este tipo de delitos violan la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía se hicieron eco del “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.
El concepto de “impuesto temporal de solidaridad”, que grava los bienes superiores a tres millones de euros, se introdujo para evitar la eliminación del impuesto sobre bienes inmuebles en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía ajustaron su propio impuesto sobre la propiedad, introduciendo un impuesto regional que equilibra la diferencia con el impuesto estatal de solidaridad y ofrece una recuperación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también incrementaron la sombra de la exposición hasta los tres millones de euros, y Murcia la sufrió hasta los 3,7 millones de euros.