El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que envió una nota diplomática a Estados Unidos en respuesta a los comentarios del embajador Ken Salazar sobre una controvertida propuesta para reformar el sistema judicial de México.
Salazar señaló el jueves que la elección directa de jueces, un aspecto central de la reforma que ha generado preocupación entre los inversores, supone un «gran riesgo» para la democracia mexicana. Además, destacó que cualquier cambio debe incluir «garantías» que aseguren la independencia del poder judicial.
En su conferencia de prensa, López Obrador expresó que se habían producido actos de irrespeto a la soberanía mexicana, en referencia a la declaración del embajador. «No aceptamos la intromisión de representantes de gobiernos extranjeros en asuntos que conciernen sólo a los mexicanos», afirmó el presidente, cuyo mandato finaliza el 1 de octubre.
El embajador canadiense Graeme C. Clark también criticó la reforma en otro evento, señalando que los inversores buscan estabilidad y un sistema judicial que funcione.
López Obrador indicó que también enviaría una nota diplomática a Canadá, aunque no brindó mayores detalles. La reforma busca tener más de 7.000 jueces y magistrados elegidos por voto popular.
Ante la controversia, miles de trabajadores industriales se declararon en huelga esta semana mientras el Congreso, dominado por el gobierno mayoritario, se prepara para votar los cambios en septiembre.
El presidente dice que es necesario transformar el sistema de justicia porque «no sirve al pueblo» y «sirve a los intereses del crimen organizado». Las propuestas de reforma incluyen reducir el número de miembros de la Corte Suprema de 11 a 9, crear un órgano administrativo autónomo y un tribunal disciplinario, así como una reingeniería de los sistemas de justicia judicial y civil para aliviar la carga del sistema penal.
La Unión Judicial expresó su oposición a la propuesta, diciendo que violaba sus derechos al privar a las carreras judiciales del acceso a las judicaturas, lo que podría permitir que grupos poderosos, incluidos los ilegales, controlen el sistema judicial.