Soberanía sin maíz |  EL PAÍS México

Soberanía sin maíz | EL PAÍS México

En esta administración se apela a la soberanía a la menor provocación. ¿Que importamos la mayor parte de la gasolina que consumimos porque es más barata en Estados Unidos? Será necesario recuperar la “soberanía” construyendo una refinería que está costando al menos el doble de lo inicialmente prometido. ¿Que el sector privado contribuye a la generación de energía eléctrica en el país? Recuperemos la “soberanía” cambiando las leyes y la estructura misma del mercado para fortalecer (en teoría) a la CFE aunque dañemos la competitividad y el potencial de crecimiento del país. ¿Que el presidente no quiere ir a cumbres internacionales? Pues reivindiquemos la soberanía en la determinación de la política exterior mexicana. ¿Que no producimos todos los alimentos que se consumen en el país? Apelemos a la soberanía y agreguemos el término alimentos para justificar políticas proteccionistas nocivas para la agroindustria mexicana.

¿Cómo será la soberanía mexicana si en unos meses dejamos de recibir maíz amarillo de Estados Unidos? ¿Qué tan soberanos seremos si destruimos el potencial ganadero del país?

El último día de 2020 se publicó un decreto prohibiendo al gobierno federal y sus dependencias comprar, usar, importar o distribuir glifosato o cualquier agroquímico que lo contenga en el mercado mexicano. El mismo decreto establece que las autoridades de bioseguridad deberán, a más tardar el 31 de enero de 2024, revocar y no otorgar los permisos para la liberación al medio ambiente de semillas de maíz transgénicas. Incluye la revocación y abstención en el otorgamiento de permisos para el uso de grano de maíz modificado para la alimentación de la población.

El tema ha ido cobrando relevancia debido a que la fecha de aplicación está cada vez más cerca. El decreto tiene un gran problema. No especifica qué sucedería con las importaciones de maíz transgénico que no estén destinados al consumo humano. La ambigüedad abre la puerta a diversas interpretaciones y, por tanto, a diversos conflictos.

En México importamos maíz amarillo para forraje en el sector ganadero, como alimento para ganado, importante sector de exportación. En maíz blanco —el que usamos para la tortilla y el consumo humano— México es autosuficiente, se demanda menos de lo que se produce, pero no es el caso del maíz amarillo. El decreto asumía que entre 2020 y su entrada en vigor, México produciría más maíz amarillo y no necesitaría importarlo. Grave error en el planteamiento. Eso simplemente no ha sucedido.

La producción local de maíz amarillo se ha mantenido prácticamente igual como porcentaje de la oferta total del grano en los últimos 10 años. En el ciclo agrícola más reciente, la oferta de maíz amarillo fue de poco más de 22 millones de toneladas. La producción local rozó los 3,18 millones y las importaciones superaron los 16,67 millones. Es decir, el 75% de la oferta total de maíz amarillo se importa principalmente de Estados Unidos, y esa proporción no ha hecho más que aumentar desde que se publicó el decreto. No hay producción nacional que pueda reemplazar las importaciones de este grano.

La gran mayoría del maíz amarillo, el 80%, se destina al sector ganadero donde se utiliza como forraje. Pero el 15%, un porcentaje nada menos, se utiliza en la industria del almidón para la producción de harina y fructosa.

Con estos datos, las implicaciones de la medida ya deberían ser evidentes. Si México impide la importación de estos insumos para el sector ganadero, se daña de inmediato la capacidad de producir carne de res, cerdo, pollo, huevos y leche. El decreto tiene un potencial destructivo para la industria nacional que no hemos ponderado en su justa dimensión.

Desde el año pasado, el presidente López Obrador se ha preocupado —y con razón— por el aumento de los precios de los alimentos. Si este decreto se implementara como está previsto a partir del próximo año, los precios reaccionarían de inmediato ante una escasez brutal de productos pecuarios. No hay bien más caro que lo que no se tiene.

El decreto afectaría la producción nacional que no solo se queda en México para el consumo local, sino que también se exporta. Solo un dato para ilustrar el punto: más de la tercera parte de la carne vacuna que importa Estados Unidos proviene de México.

Con lo establecido en el decreto, el sector agropecuario del país se vería gravemente perjudicado, los alimentos se encarecerían y se frenarían las inversiones en un sector que se ha desarrollado con fuerza en los últimos años, incluidos los años de la pandemia. Pero además, ya abrió la puerta a otro conflicto comercial.

En las conversaciones que ha tenido sobre el tema con sus socios comerciales, México ha señalado que la prohibición solo se refiere al maíz para consumo humano y que está dispuesto a posponer la decisión hasta 2025. Estados Unidos ya dejó en claro que no está de acuerdo con esa postura y está dispuesto a escalar el problema. Tom Vilsack, secretario de agricultura de Estados Unidos y de la oficina del representante comercial, la USTR, considera que las medidas a las que se compromete México no son suficientes.

La justificación de México en el decreto menciona “algunas investigaciones” que sugieren posibles riesgos por el uso de glifosato, sin argumentos sólidos. Estados Unidos alega que México está tomando una decisión que no se basa en argumentos científicos, pues el TMEC establece que se debe tomar este tipo de decisión. En cambio, se menciona la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento, que nada tienen que ver con los riesgos para la salud señalados en el capítulo 9 del acuerdo comercial.

Varias organizaciones agrícolas de Estados Unidos y algunos congresistas han solicitado que se inicie cuanto antes un proceso de resolución de disputas sobre el tema, comenzando con una etapa de consultas que podría culminar con la formación de un panel y la posible imposición de sanciones comerciales.

Mucho se ha dicho sobre el potencial de cerca de la orilla para México, la posibilidad que tiene de cambiar la faz del país y de incrementar el crecimiento y el empleo de los mexicanos. Sin embargo, al mismo tiempo se están cambiando leyes y emitiendo decretos que dañan la capacidad productiva del país y nos meten en serios conflictos comerciales.

¿Cómo será el país sin una industria agrícola fuerte? ¿Cómo vivirán los mexicanos con un acceso significativamente menor a la carne, la leche y los huevos? ¿Cómo será esa soberanía alimentaria?

PD Agradezco a Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior del IMCO, por su apoyo a esta columna.

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