Se fumó la última calada, apoyó las manos en las rodillas, que estaban abiertas, y lanzó el mensaje, un comunicado de 18 minutos anunciando que la protesta llegaba a su fin. José Rivera, vocero de un grupo de activistas que pide la garantía de los “derechos humanos relacionados con el uso personal del cannabis”, se dirigió a los medios y explicó que la protesta que realizan desde hace tres años ante el Senado mexicano ha dejado de incomodar. las autoridades y por eso fue necesario cambiar de estrategia. Algunos creían que, tras el anuncio, el campamento y la plantación de marihuana allí construida serían desmantelados. Pero el plantón seguirá siendo promovido por otros grupos.
La mañana de este viernes, horas después del anuncio, el campamento seguía intacto. Estaban las plantas de marihuana —algunas de casi dos metros de altura—, las carpas marrones, los baños, la aún flaca biblioteca, la cocina, los carteles que repetían consignas como “Hasta la victoria verde” o “El cannabis también salva vidas”. También el panel con las normas de convivencia del espacio, que establecen que no se puede comprar ni vender marihuana dentro del campamento, solo cultivarla; que recuerdan que la protesta es pacífica, y que recomiendan “evitar el consumo de otras sustancias” en el predio delimitado por vallas.
El campamento, llamado Plantón 420, fue creado hace tres años por el Movimiento Cannabico Mexicano y otros grupos para presionar la legislación sobre el cannabis. El espacio fue definido como “la primera plantación no clandestina” y como un sitio de libre consumo. En 2021, el Movimiento Cannábico Mexicano dejó de participar “en la administración y gestión del espacio”, explicó la agrupación en un comunicado de Facebook. El espacio siguió funcionando organizado por otros grupos. Ahora, como ha explicado Rivera a EL PAÍS, él y otros miembros del consejo asesor abandonan el espacio porque temen que “se viole la protesta”. “Se quedaron con todo. Nosotros tomamos las demandas”, dijo.
Un joven de 22 años que prefiere no ser identificado y que dice ser activista en el campamento desde hace un año explica que el anuncio se produjo después de “una disputa interna”: “La gente que ayudó a montar esto se quería ir. Querían dejarlo abandonado”. Mientras habla, manipula una pipa de silicona rosa con forma de dona. Luego coloca cannabis dentro del vaso y lo aplasta con un tornillo. “Queremos que sea para todos y vamos a seguir agregando a lo que hicieron”, dice. El joven identifica como coordinador a una persona que vive allí y que es conocida con el seudónimo de Payácido.
El espacio se divide en una zona de campamento, donde se encuentra el jardín y donde duermen algunos activistas, y la zona de consumo, donde se organizan talleres, conciertos y otras actividades. Allí, en una silla, jugando con las chispas del mechero, está Mario Talavera. “Esto no puede morir. Aquí conoces gente, compartes experiencias, conocimientos, todo”, dice el joven de 25 años, que estudia Comunicación y trabaja en una pulquería de la ciudad. Hace frío y la mañana está gris, pero por la tarde llegará más gente, dice. Esa es la dinámica del espacio, que se llena, sobre todo cuando oscurece y durante las vacaciones. El día anterior, cuando se conmemoraban los tres años de existencia del espacio, hubo música y fiesta. Talavera muestra en su celular las pilas de parlantes que se colocaron allí para la sesión musical. En su celular también muestra la rueda de prensa que dio Rivera la tarde anterior, a un costado.
nayeli cruz
“El Senado de México le debe leyes justas a los ciudadanos que deciden consumir cannabis de manera responsable”, dijo Rivera. Luego agregó: “A menos que los legisladores vean algún valor electoral en el tema del cannabis, la probabilidad de que se publique una ley que garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad es muy baja”. Por ahora, lo único que existe es una Declaración General de Inconstitucionalidad votada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2021. Con ella se derogó la prohibición de sembrar, recolectar, transportar y distribuir marihuana entre particulares y se instó a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan hacer uso recreativo del cannabis mientras el Congreso no legisla adecuadamente al respecto, algo que aún no ha sucedido.
Después de tres años, Rivera cree que la sentada se ha convertido en un “gueto verde”, un espacio donde se permite fumar marihuana pero está restringido. “Es importante salir del gueto para ejercer la desobediencia civil”, afirmó el jueves Rivera. Tras la confusión generada por su anuncio, desde las redes sociales se emitió otro comunicado de una nueva plataforma llamada Defensores 420 y que este viernes contaba con 80 seguidores en Facebook: “Si otros grupos quieren quedarse en el espacio, o tener otro análisis de la realidad, está bien.” La carta también dice que el grupo que abandone el plantón seguirá “capacitando en derechos humanos” y “apoyando casos existentes o nuevos”, como ya hicieron con Oaxaca o ahora hacen con Yucatán.
Harold Barrios, de 22 años, estuvo presente durante la convocatoria porque había venido al espacio a “escuchar, pintar, fumar” y este viernes llegó cerca del mediodía. Es su día libre en el centro de llamadas donde trabaja y vino aquí a fumar porque si fuma en su departamento los vecinos se quejan y la calle no es opción. “En varios lugares corro el riesgo de que la policía se lleve mis cosas y me ataque por usar marihuana. Aquí somos muchos los que protestamos y la policía no nos dice nada. Como diciendo: no estamos solos”, dice. Dentro de las vallas que delimitan el campamento, la policía no entra y las plantas se cultivan y crecen a la vista de las autoridades. “Vamos a hacer todo lo posible para que no se cierre”, dice Barrios y añade: “Más bien, que abran más [espacios así], donde no molestemos a los que no consumen. Así que todos estamos felices”.
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