La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles un controvertido proyecto de ley que podría desencadenar la reforma judicial más radical del siglo. Esta iniciativa obligaría a que todos los jueces sean elegidos por voto popular.
Durante la larga sesión, los legisladores se vieron obligados a reunirse en el gimnasio debido a las protestas que bloqueaban el acceso al Congreso. La medida fue aprobada por 359 votos contra 135 en la primera votación, que siguió líneas partidistas.
El proyecto de ley requiere una mayoría de dos tercios en una segunda votación, que se celebrará poco antes de su envío al Senado. El partido Moreno del presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que los jueces actuales son corruptos y busca tener alrededor de 7.000 jueces elegidos por el pueblo.
Pero los críticos advierten que la reforma podría amenazar la independencia del poder judicial, planteando dudas sobre la posibilidad de celebrar elecciones de esta escala sin la influencia de grupos criminales.
López Obrador ha criticado a los tribunales por bloquear sus iniciativas y lleva meses prometiendo reformar el sistema judicial, además de eliminar varios organismos reguladores independientes. Se espera que la votación en el Senado sea reñida, aunque el partido del presidente parece decidido a conseguir el apoyo necesario.
La sesión del miércoles siguió a una serie de protestas que se intensificaron cuando los manifestantes bloquearon la entrada al Congreso para exigir un debate sobre la reforma. La situación se complicó cuando la Corte Suprema se sumó a las huelgas, lo que añadió presión al debate.
Los opositores temen que la medida lleve al partido en el poder a controlar el sistema judicial, lo que podría representar un serio obstáculo para la democracia. Actualmente, los jueces avanzan a través de un sistema basado en el mérito, pero con los cambios, cualquier abogado calificado podría postularse, incluso mediante un sistema de selección aleatoria.
A pesar de los problemas de corrupción en el sistema de justicia de México, las reformas recientes han buscado aumentar la transparencia. Hay una notable preocupación internacional, particularmente por parte del embajador de Estados Unidos en México, quien ha advertido sobre posibles efectos negativos en las relaciones bilaterales y la economía.
López Obrador defendió la reforma asegurando que fortalecería el Estado de derecho y la democracia. Los cambios propuestos también incluirían jueces de identidad oculta para casos de crimen organizado y limitarían el poder de los tribunales para bloquear iniciativas gubernamentales.
En resumen, esta ley podría tener profundas implicaciones para el sistema judicial y político de México en los años venideros.