La líder de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que su administración seguirá esforzándose para abolir por completo el cargo sobre las remesas que fue recientemente sancionado por el Congreso estadounidense. A pesar de que celebró la disminución del porcentaje del 5% al 3.5%, Sheinbaum reafirmó su desaprobación hacia cualquier impuesto sobre las remesas mandadas por mexicanos migrantes, calificándolo como discriminatorio y violatorio de acuerdos internacionales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que esta reducción representa un avance, pero enfatizó que el objetivo es la eliminación total del impuesto. Agradeció al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y a los senadores mexicanos que viajaron a Washington para defender los intereses de los migrantes. También reconoció el papel de los connacionales en Estados Unidos, quienes enviaron cartas, correos y publicaciones en redes sociales para manifestar su rechazo al gravamen.
La mandataria anunció que su gobierno continuará dialogando con senadores republicanos y demócratas para explicar las razones por las que el impuesto ocasionará afectaciones a la economía de ambas naciones. Enfatizó que el impacto no se limita a México, sino que afecta a países de Centroamérica, donde las remesas representan hasta el 20% del Producto Interno Bruto. En el caso mexicano, este flujo equivale al 3% del PIB.
Sheinbaum recordó que el impuesto propuesto viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994, que garantiza un trato fiscal no discriminatorio. El secretario de Hacienda y Crédito Público explicó que representaría una doble tributación que incumpliría el artículo 25 de dicho tratado. El gobierno mexicano ha iniciado una ofensiva diplomática que incluye el envío de cartas a congresistas estadounidenses, reuniones diplomáticas encabezadas por el embajador Esteban Moctezuma y encuentros con comunidades mexicanas en EE. UU. para explicar las consecuencias de la medida.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio el visto bueno en la madrugada del jueves 22 de mayo a un conjunto de reformas tributarias impulsadas por el presidente Donald Trump, que establece un nuevo gravamen del 3.5% sobre las transferencias de dinero realizadas por extranjeros sin ciudadanía ni residencia permanente legal. La medida aún debe ser debatida y ratificada por el Senado de Estados Unidos.
Sheinbaum sostuvo su séptima llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas sobre los aranceles en el sector automotriz y en el acero y el aluminio. Durante la conversación, la mandataria mexicana expresó su preocupación por el impacto de las medidas fiscales en los migrantes y en la economía mexicana. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar las negociaciones.
La mandataria de México destacó que su administración continuará laborando para garantizar que no se imponga ningún gravamen a las remesas que los migrantes envían a sus familiares en México. «Seguiremos esforzándonos y comunicando a todos y todas, pero es algo digno de reconocimiento», declaró Sheinbaum.
El gobierno de México ha reafirmado su determinación de salvaguardar los derechos de los migrantes y asegurar que las remesas, una fuente esencial de sustento para millones de hogares, no sean sujetos a cargas fiscales indebidas. Las entidades gubernamentales proseguirán con sus acciones diplomáticas y legales para impedir la aplicación de dicho impuesto y sostener una relación positiva con los Estados Unidos.