La tensión entre los médicos residentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la paraestatal por las supuestas irregularidades en sus contratos escaló este lunes, con la denuncia de médicos en ejercicio de que la petrolera se ha negado a renovar los contratos de más de 40 compañeros sin razón. participaron activamente en el paro de actividades que realizaban en protesta por sus condiciones laborales y salariales. Desde finales de diciembre, los practicantes han salido a las calles para protestar públicamente y, después de una huelga de casi dos meses, los residentes de los hospitales Central Norte y Central Sur en la Ciudad de México se reunieron con la empresa y las autoridades estatales, la Secretaría del Trabajo y la de Interior-, donde llegaron a un acuerdo para volver al trabajo sin represalias. Sin embargo, todo quedó en letra muerta.
“Después del paro de diciembre se iniciaron acciones legales desde la Coalición [de Médicos Residentes de Pemex], pero hemos enfrentado muchos obstáculos a nivel judicial. Nuestra demanda laboral lleva más de 20 días ante el Juzgado Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México sin que a la fecha se haya emitido un acuerdo”, defiende ante este diario la presidenta de la Fundación Trabajo Digno, Abigail Quiroz, quien en los últimos meses ha asesorado a la coalición que agrupa a unas 850 personas.
Ante la falta de avances, los vecinos han solicitado a la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) —el máximo tribunal constitucional de México— que abra el caso, ya que consideran que este tipo de represalias afecta los derechos humanos, específicamente, la “libertad sindical”. . “Si los más altos tribunales de nuestro país no protegen los derechos humanos de los que todos disfrutamos, ¿quién lo hará? Hoy son médicos de Pemex, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros”, explica el presidente de la fundación. Quiroz defiende que la destitución de los vecinos —incluidos algunos de los diputados— intenta silenciar a la Coalición. Hasta el cierre de esta nota, Pemex no ha dado su respuesta al pedido del diario.
Miguel Ángel Rodríguez, uno de los tres representantes y también uno de los afectados por la decisión de la petrolera, cuenta a este diario que el pasado domingo la empresa envió un correo electrónico para reunirlos. Este lunes, y uno a uno, han recibido respuesta. “No nos han dado la opción de renovar por ‘órdenes superiores’. Para nosotros que tenemos que estar tres o cuatro años de residencia es una barbaridad. En marzo ya no tendremos relación con la empresa, vamos a la deriva”, lamenta. El mandatario afirma que el argumento defendido por sus superiores fue que habían “incumplido las normas de Pemex”, y destaca que la decisión solo ha tenido impacto en quienes participaron activamente en las protestas.
Otra de las tres representantes, Wendy Aparicio, comparte también defiende que las personas afectadas fueron las que más voz tuvieron. “Uno de los acuerdos a los que llegamos [en las reuniones] Era que se iba a respetar el contrato mientras dure la especialidad”, dice. El rechazo a la renovación del nuevo contrato supone una gran complicación para Aparicio. “Encontrar un nuevo puesto de residente ahora es muy complejo, casi imposible. Ahora todos los lugares están cerrados”, concluye.
Los vecinos de la petrolera iniciaron el paro en diciembre por las supuestas irregularidades en sus contratos. La gota que colmó el vaso llegó con la reducción de sus bonificaciones. El Ley Federal del Trabajo Indica que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo que “debe ser pagado antes del 20 de diciembre, equivalente a por lo menos 15 días de salario”. “Este año fueron 2500 pesos, según el grado de especialización. En años anteriores llegaba hasta los 14.000 pesos”, dice Rodríguez. “Empezamos la Coalición para intentar mostrar nuestro descontento. La empresa nunca aumentó los salarios, nos pagaban lo mismo y de manera engañosa. Nos cambiaron los montos”, critica en relación a los aumentos salariales que defiende la petrolera.
Durante el paro, los manifestantes sostuvieron que la petrolera había tratado de presionarlos y “obligarlos” a volver al trabajo sin una solución concreta. EL PAÍS tuvo acceso a uno de los correos electrónicos emitidos por la empresa. Bajo el concepto “Firma de un nuevo contrato-beca 2022-2023”, el escrito sostenía que, de no firmarse el contrato, los beneficiarios “quedarían despedidos”, ya que de esta forma no tendrían contrato con la institución.
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