Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia y para mostrar anuncios (si los hay). Nuestro sitio web también puede incluir cookies de terceros como Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Al utilizar el sitio web, usted acepta el uso de cookies. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Haga clic en el botón para consultar nuestra Política de privacidad.

Mapfre y Sanitas llevan acuerdo a la CNMC

La colaboración reciente entre dos importantes compañías de seguros para edificar hospitales ha generado discusión sobre su posible efecto en la competencia del sector salud. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha enviado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiendo que se evalúe este acuerdo por una potencial posición dominante. Esta circunstancia ha centrado el debate en la regulación, la estructura de mercado y los impactos de estas asociaciones en la industria sanitaria.

La reciente alianza entre dos destacadas aseguradoras para la construcción de hospitales ha generado un debate sobre su posible impacto en la competencia del mercado sanitario. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha presentado un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que este acuerdo sea revisado debido a una posible posición de dominio. Esta situación ha puesto en el centro del debate la regulación, la estructura de mercado y los efectos de este tipo de colaboraciones en el sector sanitario.

Un mercado regulado y concentrado

Un mercado concentrado y regulado

Por otro lado, las aseguradoras han manifestado que sus iniciativas se ajustan a las regulaciones de competencia y que las operaciones fueron informadas a la CNMC previo a su divulgación pública. Alegan que los hospitales a construir brindarán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a pacientes privados. También enfatizan que estos proyectos están dirigidos a áreas con poca infraestructura asistencial, como Palma y Barcelona, lo que ayudará a ampliar la oferta de servicios de salud en esas regiones.

Por su parte, las aseguradoras han declarado que sus proyectos cumplen con las normativas de competencia y que las operaciones han sido notificadas a la CNMC antes de su anuncio público. Argumentan que los hospitales que se construirán ofrecerán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a pacientes privados. También destacan que estos proyectos están enfocados en zonas con baja dotación asistencial, como es el caso de Palma y Barcelona, lo que contribuirá a ampliar la oferta sanitaria en dichas áreas.

El hospital en Palma de Mallorca contará con más de 15,000 metros cuadrados y será desarrollado en colaboración con Azora, que será propietaria del inmueble. Las aseguradoras gestionarán el hospital en régimen de alquiler, con una inversión total superior a los 63 millones de euros. Se prevé que el centro entre en funcionamiento en 2029.

Simultáneamente, la CNMC ha iniciado un expediente para investigar a una de las aseguradoras debido a un acuerdo establecido con otra firma del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. De acuerdo con la información disponible, este convenio podría haber causado una reducción en las compensaciones a los centros de salud, lo que ha generado preocupaciones en el sector. Específicamente, las denuncias indican que desde que se implementó en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en un promedio del 20 %.

Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.

ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.