Los enfrentamientos entre López Obrador y la Corte Suprema empantanan la política mexicana

Los desacuerdos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México han sido una de las constantes desde que inició el sexenio. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a cargar contra los ministros de la Corte Suprema con el argumento de la austeridad, una de sus principales banderas políticas. Sin entrar en quién tiene razón en los temas que se discuten, los analistas acusan al Ejecutivo de violar las formas. No estar de acuerdo con lo dictaminado en el Supremo no es motivo de insultos o descalificaciones gruesas como las que el presidente del Gobierno vierte por la mañana contra los ministros, aseguran. El resto entra dentro de la lógica que se da en las mejores democracias, una lucha entre los dos poderes por ganar la razón. Pero además de la escalada de polarización y desgaste institucional, hay otra derivada en el choque de trenes.

Los números hablan de una excesiva judicialización de la política en este sexenio, con 809 controversias constitucionales debatidas (414 se alcanzaron con Vicente Fox) y 572 acciones de inconstitucionalidad. “Los muchos decretos por los que se rige son la razón de estas cifras, y también los proyectos de ley han pasado por la Corte Suprema”, explica Laura Valencia, politóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en Xochimilco, quien brinda los datos . .

Perdida la mayoría absoluta, el Gobierno ha tomado atajos en el Congreso para llevar a cabo sus políticas, pero buena parte de ellos han chocado después con el muro de los tribunales, a los que recurrió la oposición, consciente de que legislaba al filo de la ley. la ley, si no en el fondo, sí en las formas. “Esta judicialización de la política se arrastra durante toda la transición mexicana”, dice Valencia, quien cree que la ausencia de una mayoría política genera una pugna constante con el Poder Judicial que afecta el equilibrio de poderes.

López Obrador choca contra el muro de hielo que se ha levantado con el Poder Judicial recurriendo a la estrategia salarial. Esta semana ha criticado a los ministros que ganan más que el presidente, algo inconstitucional: 137.000 pesos frente a 284.500, según datos oficiales publicados. El profesor de Derecho Julio Ríos reconoce que esa diferencia no solo existe, sino que el salario de los ministros mexicanos está, con todos los matices que se puedan considerar, por encima del promedio de sus colegas de otros países, así lo demuestra un estudio comparativo de Ana Laura Magaloni. y Carlos Elizondo, cita. “No es que sea malo, pero es un poco alto”, dice. “Aunque no todos cobran lo mismo, depende de con qué ley ingresaron a la secretaría”, advierte este investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Ríos es consciente de que todavía queda mucho por mejorar en el Poder Judicial, pero eso “no puede dar paso a los insultos”. “Además, me parece que el Gobierno, en realidad, no tiene un interés legítimo en arreglar lo que puede fallar en la Corte Suprema, sino que su objetivo es la cooptación, subordinación y erosión de las instituciones de control”, dijo. piensa “La propuesta [del presidente] de un voto directo para designar a los ministros es un ariete más, ni siquiera lo presenta en serio”, critica Ríos. Para el investigador, una de las señales más fuertes de la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial fue la renuncia del ministro Medina Mora en octubre de 2019, cuando aún le faltaban 11 de los 15 años ante la Corte Suprema. A juicio de Ríos, significó una “salida forzada, acosada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Un día después de su renuncia, descongelaron sus cuentas.

Ríos participó en el grupo de juristas y expertos que desde hace años venían señalando el nepotismo en el Poder Judicial, donde se reclamaban tareas pendientes en la judicatura y el gremio. “Pero desde 2018 hay una apropiación de las críticas por parte del Gobierno, que tiene algo de razón, pero con el argumento de que se requiere un mejor aprovechamiento de los recursos no se puede dar paso a los insultos”, sostiene.

La llegada a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la ministra Norma Piña en enero de este año tuvo un efecto doble y contrario. En el Ejecutivo se abrió la caja de truenos, porque el presidente no logró colocar en ese cargo a la ministra de su confianza, Yasmín Esquivel, cuyas aspiraciones se hundieron tras un fabuloso escándalo de plagio de su tesis de grado. Y la guerra estalló como nunca desde las conferencias matutinas en Palacio Nacional. Pero entre los juristas hubo una sensación de alivio por las primeras declaraciones de Piña, en las que defendió la autonomía e independencia de criterio de los ministros, lejos de presiones de ningún tipo.

La tensión no ha disminuido. “El presidente aprueba leyes que son inconstitucionales y tira la pelota a la cancha de la Corte Suprema. Si lo dejan pasar, se suicidan institucionalmente, y si deciden frenarlo, se ganan insultos y amenazas”, resume Ríos la situación actual. Con un agravante, agrega: “No se cuestiona la labor del juez, pero se ataca al individuo con nombres y apellidos”. Opina que un presidente, “que tiene una plataforma única y una autoridad legal y legítima”, no puede singularizar a determinadas personas, “como hizo recientemente con el juez preso en Veracruz. Está cuestionando las reglas del juego de una manera extremadamente agresiva que va más allá de la fricción normal”, dice.

Cómo afecta todo esto a la salud institucional o democrática del país, es algo que el politólogo Alfonso Pérez sitúa más en el terreno de las formas que del fondo. Cree que México ya está acostumbrado a una división de poderes cada vez más consolidada, que comenzó desde 1997 y que se evidenció en casos notorios como el de la francesa Florence Cassez, el caso Vallarta, donde el poder legal ganó reflectores. “Cuando ganó López Obrador se esperaba que las cosas siguieran en esa dirección, pero no, los procesos se empiezan a revertir”, lamenta la investigadora y politóloga de la UAM Xochimilco. Las tensiones que se viven hoy entre ambas instituciones tienen que ver, dice, con esa autonomía que ha ganado el Poder Judicial, lo que le ha provocado al presidente algunos retrocesos en las medidas que quería tomar. Cree que ahora prevalece el “buen juicio” entre quienes integran el Tribunal Supremo.

Sin embargo, los jueces también son personas politizadas e ideológicas y sus sentencias dividen a la sociedad. Esta misma semana cayó como bomba la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos contra la discriminación positiva de estudiantes latinos y negros en universidades como Harvard y otras, que facilitaba su integración a la educación superior. La sentencia ha suscitado críticas y debate, naturalmente. Los jueces no siempre pueden acertar en sus resoluciones, ni siquiera se puede decir que estén exentos de un sesgo ideológico, de una intención subjetiva.

¿Qué hay de malo entonces en los ataques del presidente mexicano? “Vale la pena disentir de las decisiones de la Corte Suprema, pero otra cosa son los ataques que vengan del Ejecutivo o del Legislativo. Y aunque esto sucede en todos los países, desde la designación de Norma Piña, en México los ataques se están convirtiendo en una narrativa, donde no bastan las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, donde las partes pueden ofrecer sus pruebas y argumentos. Ahora hay unas presiones que vienen de las conferencias matutinas que no son para nada correctas”, advierte el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM Francisco Burgoa. “Esto tiene que parar por el bien de la democracia institucional”, dice.

Muestra de la falta de salubridad en este campo es, para Burgoa, el reciente comunicado de López Obrador en el que aseguraba que se había reunido con cinco de los 11 ministros para votar a su favor el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército. , una de las medidas más polémicas del sexenio. “Él cree que son sus subordinados y eso es una violación a la autonomía e independencia del tribunal”, afirma.

Julio Ríos utiliza el símil del fútbol para definir las tensiones naturales entre poderes de interferencia espuria. “Todo el mundo en el campo sabe que habrá empujones, gritos y pasión, pero nadie pone en duda que no se puede marcar un gol con la mano o que debe haber 11 jugadores en el campo, ni más ni menos”.

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