Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia y para mostrar anuncios (si los hay). Nuestro sitio web también puede incluir cookies de terceros como Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Al utilizar el sitio web, usted acepta el uso de cookies. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Haga clic en el botón para consultar nuestra Política de privacidad.

Jueces se refugian en sus casas: juzgado federal de Colima instaura teletrabajo para protegerse de la violencia

Un policía estatal custodia una vía cerca de la ciudad de Colima
Un policía estatal custodia una vía cercana a la ciudad de Colima.Héctor Guerrero

Un tribunal del Poder Judicial de la Federación con sede en la capital del Estado de Colima ha establecido el teletrabajo por tiempo indefinido, no por motivos relacionados con la pandemia del covid-19, que ya fue superada, sino para brindar un mínimo resguardo a la vida de las personas. jueces y trabajadores. La medida fue tomada este martes por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito “ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en zonas cercanas a las instalaciones que ocupa este tribunal y el Centro de Justicia Penal Federal”. .» La investigación ha sido puesta en conocimiento de los trabajadores y del Consejo de la Judicatura Federal a través de una circular que, con un excepcional toque de crónica de nota roja, da cuenta de una serie de asesinatos relacionados con un juicio llevado a cabo en ese tribunal y actos de intimidación fuera de las instalaciones judiciales. El caso ilustra el gran problema de inseguridad y violencia que sufren simultáneamente varias ciudades de México. Precisamente este miércoles han muerto seis policías en una emboscada en Jalisco, estado vecino de Colima.

La circular del juzgado federal inicia así la crónica de los hechos: el pasado domingo, cerca del mediodía, dos personas que acababan de asistir a una audiencia inicial ante un juez de control fueron asesinadas en las afueras del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en ese juzgado. La identidad de las personas, la naturaleza del juicio en el que participaban y el papel que desempeñaban —ya sea como querellantes o acusados— no fueron detallados en la circular, pero necesariamente debía tratarse de una cuestión de carácter penal para los delitos federales. Continúa la circular: dos días después, el martes, fue asesinado en su domicilio y junto a su hijo un abogado que asesoraba legalmente a una de las personas que participó en la audiencia del domingo y que luego murió en el ataque. Tampoco se reveló la identidad del litigante y mucho menos la de su hijo.

Agrega la circular: el mismo martes, pasada la una de la tarde, seguridad judicial detectó a una “persona sospechosa” en un vehículo que se encontraba fuera de las instalaciones. “Ese individuo al percatarse de la presencia de la policía se dio a la fuga, siendo perseguido por elementos de seguridad, sin tener noticias, hasta el momento, de si fue detenido o no”. La circular suma al informe otro hecho de violencia que podría ser un caso aislado o una pieza más del mismo rompecabezas: la tarde del domingo, tras el asesinato de las dos personas que participaban en la audiencia judicial, en otro punto de la capital, la patrulla encargada de custodiar la casa donde, en junio de 2020, fue asesinado el juez Uriel Villegas Ortiz, quien había llevado importantes casos penales relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Las autoridades judiciales han dado instrucciones adicionales a los trabajadores del centro de justicia: la regla general será el teletrabajo, y solo unas pocas personas tienen que ir a trabajar de forma presencial; los que se quedan en casa deben ser localizables por correo, teléfono y WhatsApp; Para quienes tengan que ir a trabajar a los juzgados, sus ingresos y salidas serán escalonados, como ocurrió durante la pandemia. La circular está firmada por el magistrado presidente, Luis Núñez Sandoval; el magistrado Francisco Miguel Padilla Gómez y el secretario interino del magistrado Luis Enrique Radbruch Sánchez.

Colima es un pequeño estado que mira hacia la costa del Pacífico y se encuentra enclavado entre Michoacán y Jalisco, dos de las entidades más violentas, territorios en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. Colima es gobernada desde 2021 por Índira Vizcaíno, del partido gobernante Morena. Este año, un clasificación del Consejo de Seguridad Pública y Justicia Penal clasificó a la capital del estado por segunda vez como la ciudad más violenta del mundo. De enero a junio se han cometido 367 asesinatos en el Estado, cifra similar a la del mismo período del año pasado (371 homicidios) y a la de 2021 (328), según datos de la Secretaría de Seguridad Federal.

En los últimos días, México ha vivido hechos de violencia que han surgido en diferentes Estados. En Toluca, la capital del Estado de México, nueve personas murieron tras un ataque a la Central de Abasto; el hecho está precedido por el hallazgo, una semana antes, de una bolsa con restos humanos colgada de un puente peatonal de la misma ciudad. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, grupos delictivos han utilizado a la población como escudo para chantajear a las autoridades y exigir la liberación de dos cabecillas camioneros acusados ​​de delinquir. Hace dos semanas, siete cuerpos desmembrados fueron tirados en una plaza central de la ciudad. En Chiapas, varios funcionarios fueron secuestrados por un grupo criminal como elemento de presión para agilizar la localización de una cantante, Nayeli Cinco, presa por otra organización criminal.

Suscríbete aquí hacia Boletin informativo de EL PAÍS México y recibe toda la información clave de la actualidad de este país