La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México fue vista inicialmente como un triunfo de la civilidad y la racionalidad técnica frente al voluntarismo y el ruido político. Sin embargo, bajo esa imagen moderada y científica, se ha profundizado una tendencia que preocupa: la creciente militarización del poder real en el país. Aunque la mandataria es civil, la influencia y control de las Fuerzas Armadas, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se ha ampliado considerablemente en áreas estratégicas que van más allá de la seguridad, incluyendo infraestructura, vigilancia y hasta aspectos económicos.
Un hecho significativo en este proceso fue la incorporación de la Guardia Nacional al control directo del Ejército. Por primera ocasión en la historia contemporánea, la responsabilidad de la seguridad pública recae constitucionalmente en el ámbito militar. Esta elección representa una desviación respecto a épocas anteriores, cuando la intervención militar en la seguridad pública se justificaba como provisional con la promesa de devolver el control a las autoridades civiles en el futuro. En la actualidad, esa provisionalidad parece incierta, con una estructura legal que concede a las Fuerzas Armadas el poder duradero sobre estas responsabilidades.
Este ajuste en la legislación, promovido por administraciones izquierdistas, simboliza una paradoja tanto política como ideológica al haber otorgado autoridad, deberes y recursos financieros a las Fuerzas Armadas, excediendo ampliamente sus roles tradicionales. Este proceso, en lugar de ser una solución temporal para combatir al crimen organizado, ha reforzado una entrega progresiva pero significativa del control civil.
A diferencia de varios países donde el Ejército tiene el poder abiertamente, en México se ha implementado un sistema híbrido y poco transparente. A pesar de que la Presidencia está en manos civiles, las decisiones importantes relacionadas con seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como la gestión de aduanas y empresas del Estado, están bajo control directo o indirecto de las fuerzas militares. Asimismo, la reciente legislación autoriza a estas entidades el acceso a datos sensibles de los ciudadanos, construyendo un Estado de vigilancia que se presenta como civil.
Esta ampliación del poder castrense no solo conlleva la transferencia de responsabilidades que típicamente son civiles hacia las Fuerzas Armadas, sino también la disminución del control democrático. La carencia de rendición de cuentas ante el Congreso, los tribunales o los ciudadanos, junto con la falta de claridad en la gestión del presupuesto, debilita los contrapesos esenciales para una democracia fuerte. La subordinación de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa, el apoyo a comités de inteligencia sin supervisión civil y la falta de transparencia en el presupuesto son evidentes signos de esta situación.
Este procedimiento impacta no solo en la seguridad pública. Implica una profunda transformación en el modelo de poder en México: una nación donde el Ejército construye, gestiona, supervisa, investiga y recauda sin estar sujeto a controles civiles efectivos. La apariencia de civilidad ha pasado a ser una fachada que oculta un creciente control militar en la vida pública.
A diferencia de golpes de Estado o marchas militares, esta conquista del Estado se da silenciosamente desde dentro, a través de contratos, acceso a datos y vigilancia. La sociedad y las instituciones civiles aún enfrentan el desafío de recuperar el control efectivo sobre las fuerzas armadas antes de que esta militarización irreversible limite la capacidad democrática.
Aunque México aún no ha llegado a modelos de control militar absoluto como en algunos países, la tendencia actual acerca al país a sistemas híbridos que combinan democracia electoral con tutela militar encubierta, similares a los observados en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estos contextos, la vigilancia estatal se vuelve intrusiva y los contrapesos democráticos se debilitan progresivamente.
Si esta trayectoria sigue avanzando sin control, México podría enfrentar pronto un sistema democrático sin contenido, donde el presidente sea únicamente una cara visible de un gobierno controlado por una élite militar. Esta situación exige discutir y ajustar urgentemente el balance entre el poder civil y militar para mantener la democracia y el Estado de derecho en el país.