Sinaloa afina su hoja de ruta en seguridad con una reunión de alto nivel que reunió a autoridades federales, estatales y municipales para evaluar operativos, medir resultados y cerrar filas en la prevención y el combate al delito.
La capital sinaloense fungió como sede de una sesión estratégica de la Mesa de Construcción de la Paz, dirigida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con el gobernador Rubén Rocha Moya. La reunión tuvo como propósito analizar, a partir de datos y reportes actualizados, los progresos y asuntos pendientes de la política de seguridad pública en la entidad, poniendo atención en la coordinación interinstitucional, el rendimiento de los operativos y la intervención puntual en los municipios con mayores desafíos. La administración estatal destacó el respaldo brindado por el Gobierno de México, en especial por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del acompañamiento de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, considerados pilares operativos de la estrategia actual. En un escenario influido por episodios recientes de violencia asociados a reacomodos criminales, el mensaje se centró en mantener la continuidad, realizar ajustes precisos y fortalecer la corresponsabilidad.
Una mesa de seguridad con enfoque en coordinación y resultados
La Mesa de Construcción de la Paz congregó a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, corporaciones estatales y áreas encargadas de la procuración de justicia, y lo hizo con la intención de examinar indicadores, contrastar la información operativa con la incidencia delictiva y redefinir líneas de acción, más allá de una reunión meramente protocolaria; en el centro del análisis se situaron la prevención del delito, el enfrentamiento a las estructuras criminales y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, bajo una lógica sencilla: articular a los tres órdenes de gobierno en torno a una agenda común, con responsabilidades claras, metas medibles y mecanismos de retroalimentación que faciliten corregir el rumbo con agilidad.
El gobernador Rubén Rocha Moya enfatizó que la coordinación es el antídoto contra la dispersión de esfuerzos. Según su balance, la presencia conjunta en territorio, el intercambio de inteligencia y la sincronización de operativos han permitido recuperar espacios y generar condiciones para la vida social y económica. Este discurso se sostiene, dijo, en un flujo constante de información entre fuerzas federales y estatales, así como en un trabajo de proximidad con autoridades municipales, actores comunitarios y sectores productivos. La premisa es que la seguridad no se decreta: se construye con presencia, evidencia y consistencia operativa.
Ajustes tácticos y prioridades de operación en el terreno
La reunión en Culiacán fijó prioridades claras: primero, se propuso robustecer los patrullajes y los puntos de control en corredores estratégicos vinculados a la logística criminal, poniendo especial atención en el desplazamiento de armas, drogas y personas; en segundo lugar, se planteó profundizar las acciones de desarticulación dirigidas a células con capacidad de detonar violencia repentina, mientras se limita su financiamiento mediante aseguramientos y golpes a su infraestructura ilegal; y, como tercer punto, se buscó optimizar los mecanismos de reacción ante incidentes críticos, estableciendo protocolos definidos para resguardar la escena, acelerar traslados y brindar información puntual a la población.
Para que esta agenda funcione, importan tanto la táctica como la administración pública. La SSPC puso sobre la mesa la necesidad de consolidar sistemas de mando y control interoperables, que integren videovigilancia, denuncias, georreferenciación e inteligencia financiera, y que permitan monitorear en tiempo real tanto la operación como los resultados. La meta no es solo disminuir incidentes, sino hacerlo con evidencia y trazabilidad, de modo que cada despliegue tenga una hoja de resultados que pueda auditarse y replicarse donde funcione.
Prevención y proximidad, el otro eje de la seguridad
La estrategia no se reduce al componente coercitivo. La prevención social del delito fue otro de los ejes discutidos, con énfasis en reforzar programas de atención a jóvenes, recuperación de espacios públicos y oferta institucional en colonias con factores de riesgo. La experiencia muestra que los picos de violencia se reducen de forma sostenible cuando hay opciones educativas, culturales y de empleo, así como canales efectivos para la resolución de conflictos. De ahí la importancia de articular a dependencias de desarrollo social, educación, salud y cultura con la operación policial, cerrando la brecha entre diagnóstico y acción en campo.
La Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales, avanzará en esquemas de proximidad para mejorar la confianza comunitaria y la percepción de seguridad. Esto implica rutas de patrullaje consistentes, presencia en horarios críticos, atención a llamadas prioritarias y un esfuerzo sostenido de comunicación con vecindarios y autoridades locales. La prevención, subrayaron los participantes, se mide también en la disminución de delitos de oportunidad y en la rápida contención de conflictos que podrían escalar.
Balance de homicidios y la interpretación de la presidenta acerca de la evolución
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los homicidios en Sinaloa muestran una tendencia a la baja, aun cuando en meses recientes se registraron episodios de violencia a raíz de la fragmentación de una organización criminal. Su mensaje acompaña la presencia del secretario García Harfuch en la entidad para revisar la estrategia y determinar ajustes. La lectura de Palacio Nacional es que el descenso en letalidad se sostiene con presencia territorial, investigación dirigida y cooperación fiscalía–policía, sin descuidar la capacitación en técnicas de investigación y el respeto a los derechos humanos.
Ese balance, sin embargo, exige cautela y verificación constante. La gobernabilidad en estados con antecedentes de criminalidad organizada depende de no perder ritmo en la presión operativa y de consolidar la capacidad investigativa para llevar casos a juicio con pruebas sólidas. La tendencia favorable en homicidios, si se confirma en periodos más largos, puede traducirse en un entorno más propicio para inversiones, turismo interno y recuperación de la vida comunitaria.
Inteligencia, justicia y cadenas de valor legales
Otro componente analizado fue la conexión entre inteligencia, investigación y procesos judiciales. La coordinación con fiscalías es crucial para que los aseguramientos deriven en sentencias y no queden como golpes mediáticos. Para ello, se requieren cadenas de custodia impecables, peritajes ágiles, ministerios públicos capacitados y cooperación interinstitucional en el seguimiento de casos. La Guardia Nacional y las corporaciones estatales insistieron en mantener estándares probatorios y en documentar de forma rigurosa cada intervención.
El trabajo con autoridades financieras y aduaneras también aparece como palanca para desarticular economías criminales. El debilitamiento de flujos ilícitos, a través de inspecciones y trazabilidad en transporte de carga, puede reducir la capacidad de grupos para financiar armas o cooptar estructuras locales. En este punto, la participación del sector privado, mediante controles de cumplimiento y colaboración en investigaciones, aporta disuasión y cierra espacios a la informalidad criminal.
Seguridad y desarrollo, un binomio que avanza juntos
La narrativa estatal insistió en que la seguridad es una condición para el desarrollo social y económico. Recuperar la tranquilidad en zonas productivas permite proteger empleos, atraer inversiones y garantizar la operación de cadenas de suministro. La agenda de seguridad, por tanto, se cruza con infraestructura, movilidad, educación y salud. La administración de Rubén Rocha Moya apuntó que la coordinación con la federación y municipios debe derramar en beneficios visibles: rutas seguras para transporte, horarios extendidos sin riesgo para la actividad comercial y atención prioritaria a polígonos donde la violencia erosiona el tejido social.
En esta línea, se plantearon iniciativas para fortalecer la iluminación pública, rehabilitar espacios recreativos y ampliar la presencia institucional en colonias con mayores niveles de incidencia. La experiencia comparada sugiere que la recuperación física del entorno, sumada a la vigilancia focalizada, disminuye delitos patrimoniales y mejora la percepción de seguridad, un indicador que incide en la vida cotidiana tanto como las cifras duras.
Transparencia, evaluación y rendición de cuentas
Un punto medular de la reunión fue revisar indicadores verificables, buscando consolidar tableros que registren no solo la cantidad de operativos y detenciones, sino también su solidez jurídica y el efecto real en la disminución de delitos; la difusión transparente de resultados, con informes periódicos y métodos abiertos, resulta esencial para generar confianza, mientras que también se subrayó la importancia de atender a la ciudadanía, cuyas denuncias, reportes comunitarios y observatorios locales aportan información clave y permiten establecer prioridades.
La rendición de cuentas se extiende también al uso de tecnología. Sistemas de videovigilancia, lectores de placas y plataformas de análisis deben cumplir con estándares de protección de datos y ser auditables. La tecnología empodera la seguridad si se usa con rigor, se integra a protocolos y se acompaña de capacitación continua. De lo contrario, se convierte en infraestructura subutilizada.
La función que desempeñan los municipios en la vanguardia de la respuesta
Los municipios son el primer contacto con la ciudadanía y, en muchos casos, la primera respuesta ante incidentes. Por ello, la mesa de seguridad insistió en profesionalizar policías locales, fortalecer academias y mejorar condiciones laborales para reducir rotación y elevar el estándar de servicio. La coordinación vertical —federación, estado, municipios— debe ser complementada por coordinación horizontal entre municipios vecinos que comparten problemáticas, rutas y mercados.
La prevención municipal abarca el ordenamiento urbano, la supervisión de giros negros, la gestión del espacio público y la puesta en marcha de iniciativas comunitarias. No se limita únicamente a aumentar la presencia de patrullas, sino que implica un gobierno cercano y dispuesto a escuchar. Bajo esa perspectiva, se diseñaron procedimientos ágiles para atender reportes, junto con campañas de denuncia anónima y protocolos destinados a resguardar a víctimas y testigos.
Una estrategia en movimiento con metas claras
La presencia de García Harfuch en Sinaloa refrenda la prioridad nacional de sostener la presión operativa y afinar la coordinación. El gobierno estatal, por su parte, reafirmó que no bajará la guardia y que seguirá apoyándose en Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía Estatal para consolidar la tendencia a la baja en delitos de alto impacto. La consigna es sostener una estrategia en movimiento, que corrija, mejore y rinda cuentas.
En el corto plazo, la medición constante y la adaptación táctica serán determinantes para mantener la estabilidad. En el mediano, la clave estará en institucionalizar prácticas que sobrevivan a los relevos administrativos: profesionalización, evaluación basada en evidencia y cooperación transversal. En el largo, el éxito se medirá por la capacidad de Sinaloa para ofrecer un entorno seguro donde familias y empresas puedan desarrollarse con certidumbre.
Horizonte inmediato
La reunión en Culiacán no solo fue una fotografía de coordinación; fue, sobre todo, un ejercicio de diagnóstico y redefinición de prioridades. Con el respaldo de la federación y la participación de las corporaciones que operan en tierra, Sinaloa busca consolidar una estrategia integral que combine presencia, inteligencia, prevención y justicia. La reducción de homicidios destacada por la presidenta es una señal alentadora, pero no un punto de llegada. Sostenerla requerirá disciplina operativa, ministerios públicos fortalecidos, supervisión civil y un compromiso permanente con los derechos y las libertades.
La seguridad es una tarea cotidiana que se gana en la calle, en los juzgados y en la comunidad. Si la coordinación interinstitucional se traduce en resultados palpables y en una relación de confianza con la sociedad, Sinaloa estará en mejores condiciones para dejar atrás ciclos de violencia y construir, paso a paso, un entorno de paz duradera. En ese camino, la continuidad de las mesas de trabajo, la evaluación transparente y la participación ciudadana serán los pilares para que la estrategia no solo se mantenga, sino que mejore con el tiempo.