El caso de cinco caficultores arrastrados a la cárcel en Veracruz: “Su único delito ha sido pelear por precios justos”
El viernes 26 de mayo, la policía irrumpió en la casa del antiguo productor de café Minervo Cantor en Ixhuatlán del Café, un pueblo de Veracruz, y lo llevaron a la cárcel. Ese día también detuvieron a cuatro de sus acompañantes: Cirio Ruiz González, Viridiana Bretón, Crisanto Valiente y Abraham Cabal. Se les acusa de provocar un incendio en enero de 2022 en las instalaciones de la multinacional Agroindustrias de México (AMSA), cuando el precio al que vendían el kilo de café cayó drásticamente, amenazando su negocio. Los familiares de los detenidos acudieron a la audiencia del 31 de mayo con pruebas de que los detenidos no estaban en el momento del incendio, pero el juez ni siquiera les permitió presentarlas. Ahora están en prisión preventiva por un delito que claramente no cometieron y que ha escalado los pasos de la vergüenza hasta llegar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien ha prometido ayudarlos.
Eran las 7:30 de la mañana del 26 de mayo y Minervo esperaba sentado tranquilamente en la mesa de la cocina el café que le preparaba su esposa Maricruz. Nunca llegó a tomarlo. De repente, estaban cinco uniformados en la sala listos para arrestar a Minervo, dijo su esposa por teléfono, quienes los confrontaron y les pidieron una orden de arresto o algún papel que les diera derecho a estar allí. En respuesta, dos policías la golpearon —tiene fotos de los moretones— mientras que otros dos se llevaron a Minervo. La mayor de sus hijas, de 11 años, salió de su habitación y comenzó a gritar al ver la situación. El quinto policía la encerró en su habitación mientras el resto de ella arrastraba a Minervo a la camioneta que habían estacionado frente a ella. Se marcharon justo cuando otro de sus hijos de 8 años salía de la casa y comenzaba a correr tras el vehículo. No los alcanzó. En otra de las habitaciones, una niña de 3 años, la tercera hija de la pareja, se quedó llorando.
Ni Maricruz ni los familiares del resto de los detenidos esa mañana tuvieron mucho tiempo para pensar en lo que acababa de pasar. Debían pasar a la siguiente fase, tratando de sacar a sus esposos y hermanos de la cárcel en la audiencia que se realizaría la semana siguiente. No tenían por qué estar muy preocupados. La mayoría de ellos tenía pruebas suficientes para demostrar que los detenidos no estaban en el lugar del incendio. Cirilo Ruiz, hermano del detenido Cirio, de 64 años, asegura que tienen conversaciones de WhatsApp que demuestran que ya estaba en su casa, trabajando como presidente del Consejo Regional del Café. Esta agencia es la encargada de informar los precios internacionales del café cereza (recién arrancado de la planta), que comercializan los productores de la región de Ixhuatlán. Lo hace para que los compradores —entre ellos AMSA, filial de la multinacional ECOM Trading— no manipulen a los agricultores con precios por debajo de los de mercado. Maricruz, esposa de Minervo, asegura que tiene un video de su esposo en su casa esa tarde, momentos antes de que comenzara el incendio.
Sin embargo, cuando llegaron a la audiencia, el juez les impidió presentar esta prueba, aunque admitió la de la empresa querellante. AMSA presentó a varios de sus trabajadores quienes aseguraron haber visto a los productores esa tarde en el lugar portando armas de fuego y bombas molotov. También presentaron un video en el que se ve a los involucrados, pero en un contexto que nada tiene que ver con el incendio de una nave industrial. Estaban en una mesa de negociación, junto a un representante de la empresa y otro de Ixhuatlán, para tratar de llegar a un acuerdo sobre los precios de compra del café cereza. A principios de enero, durante las semanas de mayor cosecha de la planta, los compradores bajaron el precio de compra de 17 pesos —el precio promedio internacional en ese momento— a 12 pesos el kilo de café. Los productores salieron a manifestarse a protestar porque de ello depende cada año la solvencia de sus negocios. Al término del juicio, los detenidos fueron vinculados a proceso y el juez ordenó prisión preventiva por un delito de estrago, es decir, causar un daño de grandes proporciones que pone en peligro a otras personas.
Francisco Faus Sotelo, director de operaciones de AMSA en México, tiene una interpretación opuesta de los cafetaleros detenidos. “La víctima somos nosotros”, asegura al comienzo de su llamada con este diario. Faus explica que no tienen poder de decisión sobre el precio al que compran el producto, y que las bodegas que tienen en Ixhuitlán del Café tienen una capacidad limitada para almacenar y tostar el café cereza que compran a los caficultores. Los productores acusan a Faus de estar detrás de las irregularidades que llevaron a su arresto violento en mayo, pero él lo niega, y asegura que no han intervenido desde que interpusieron una denuncia por el incendio en su nave industrial. “Hicimos una denuncia por los daños y perjuicios en contra de nuestro beneficio, pero ahora le toca a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes”. La Fiscalía de Veracruz, que mantiene encerrados a los productores, no ha atendido las llamadas.
“El único delito que han cometido ha sido pelear por precios justos del café”, defiende Maricruz, quien junto a otros familiares ha encabezado protestas para exigir la liberación de los productores y que la empresa retire los cargos que los retienen. El 27 de mayo, en Plaza Lerdo, en Xalapa, protestaron junto a académicos y defensores ambientales de la región. Raúl Arias Lovillo, ex rector de la Universidad Veracruzana, dijo El dia quien asistió a la protesta porque Cirio Ruiz, uno de los detenidos, “tiene cuarenta años de trabajo defendiendo a los pequeños productores de café, siempre ha sido muy solidario con las causas sociales. Su hermano, Eligio Ruiz, que también estuvo allí, considera las detenciones un “acto de intimidación para que nadie se defienda del abuso del mercado, para que nadie proteste contra los que castigan el precio del café”. Este miércoles, finalmente, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez manifestó su disposición a dialogar y trabajar en una ruta que permita su liberación. Los familiares sólo piden que sus detenidos puedan realizar el proceso en libertad. “Tenemos prueba de su inocencia, podemos ganar el juicio, pero no tienen que estar en la cárcel hasta que todo se resuelva”, dice Maricruz.
La esposa de Minervo está preocupada por sus hijos. El del medio, de ocho años, tiene pesadillas por las noches y cada tanto pregunta por su padre, quiere saber cuándo va a volver. Maricruz no sabe que decir. “Le digo pronto, pero la verdad es que no sé cuándo va a volver”, lamenta. “Son solo campesinos pobres, mi marido siempre ha estado en casa y los niños no se acostumbran a su ausencia”. Maricruz habló con este diario el 22 de junio, alrededor de las ocho de la noche, luego de haber estado visitando a su esposo en la cárcel, que está a dos horas y media en auto de su casa. Se ve cansada, de repente se derrumba. “Les digo que estamos peleando contra un monstruo, que esto es una pesadilla y que todo va a pasar, trato de ser fuerte por ellos, pero a veces no sé cómo hacerlo porque ni siquiera tener la fuerza”. Pero bueno, “es una pesadilla lo que va a pasar”, se repite constantemente la señora, a pesar de que su esposo está cerca de cumplir un mes encerrado.
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