Un nuevo militar ha sido detenido en el marco del caso Ayotiznapa. El coronel Rafael Hernández Nieto, segundo de mayor rango entre los detenidos y comandante en su día de uno de los cuarteles de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los 43 estudiantes hace casi nueve años. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de desaparición forzada y crimen organizado. La captura del coronel es consecuencia directa de la reactivación este junio de 17 órdenes de captura, ya emitidas el pasado verano y posteriormente canceladas en un contexto de fuerte presión dentro de la Fiscalía contra los investigadores del caso. Ya son 9 los soldados presos.
Hernández Nieto, ya retirado, fue detenido a media tarde de este jueves en la ciudad de Puebla. En el expediente que consta en el Registro Nacional de Detenciones se le describe al momento de su captura como un hombre de “pelo blanco, anteojos y ropa tipo pantalón”. Hernández era uno de los altos mandos del 41 Batallón de Infantería de Iguala. El otro responsable de la segunda comisaría de la ciudad donde ocurrieron los hechos también se encuentra en prisión desde el año pasado, también acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada. Habla José Rodríguez, comandante del Batallón de Infantería 27.
Los presuntos nexos entre el crimen organizado de la zona y las autoridades, en especial el Ejército, ha sido una de las principales líneas de la Fiscalía tras el impulso de las investigaciones por el caso adelantadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las nuevas investigaciones desmantelaron la visión de la entonces Fiscalía General durante el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien pretendía imponer la “verdad histórica” a través de mentiras y torturas, una falsa línea de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Los responsables de la antigua unidad también se encuentran presos o prófugos en el exterior.
A pesar del nuevo impulso, incluida la creación de una comisión gubernamental y un fiscal especial para un caso particularmente traumático y simbólico en la historia reciente de México, el progreso pareció estancarse a fines del año pasado. Así lo certificó en primavera el tercer grupo de investigadores, los peritos que la CIDH comisionó para el caso, el GIEI, quienes señalaron dos nodos clave para destrabar las pesquisas. Por un lado, la resistencia del Ejército a brindar información sobre lo sucedido durante los días del evento. Por otro, la reactivación de las órdenes de aprehensión canceladas el año pasado. La unidad especial de la Fiscalía había logrado que un juez emitiera 21 en total. Entre ellos, 16 contra militares.
La detención esta semana del coronel Hernández parece indicar el inicio de nuevos movimientos una vez superada la crisis del año pasado que precipitó el bloqueo. Las órdenes canceladas en agosto respondieron a un conflicto entre el fiscal general, Alejandro Gertz, y la unidad especial para el caso Ayotzinapa, encabezada en ese momento por Omar Gómez Trejo. En septiembre, Gómez Trejo renunció y el gobierno presionó por el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, cercano al presidente López Obrador. Este junio, 10 meses después, la mayoría de las órdenes de arresto volvieron a estar vigentes. De las 17 órdenes reactivadas, 16 son contra militares y una contra un civil.
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