Cuando ingresaron a la cárcel, las autoridades de Ciudad Juárez descubrieron que los internos vivían mucho mejor que la mayoría de los mexicanos. Un toro mecánico, decenas de parlantes, guitarras, teclados, parrillas, televisores de plasma, videoconsolas y un gato egipcio, con un tatuaje en el costado y una mirada penetrante. Estas fueron algunas de las cosas encontradas en el Cereso 3, el penal de la ciudad fronteriza donde operaban impunemente diferentes grupos criminales y que sufrió un motín a principios de enero que dejó 17 muertos y 25 prófugos. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado este mes revela que el poder de los reclusos en las cárceles es un problema generalizado en México y afecta especialmente a los penales estatales como el Cereso 3, a cargo del Estado de Chihuahua. . La falta de personal y recursos deja a los guardias indefensos ante el creciente poder de los delincuentes, que operan dentro de ellos con total libertad.
Este régimen invertido en el gobierno interno de las prisiones ha provocado un aumento de incidentes en las mismas. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario registró 2.480 incidentes en las cárceles en 2021, un 22,6% más que el año anterior. En total, participaron 8.830 personas. De estos, 110 murieron y 691 resultaron heridos. La mayoría de estos altercados ocurrieron en cárceles estatales (74,6%) donde, como el Cereso 3, la falta de recursos y guardias imposibilita que las autoridades tomen el mando.
Estos centros fueron consultados por la CNDH. De 230, 49 dijeron que sí tenían suficiente personal de seguridad y custodia, mientras que 172 de ellos dijeron que no tenían suficiente personal y 9 no respondieron a las preguntas de la organización. También traen consigo otros problemas, que afectan especialmente a las prisiones estatales. La superpoblación, que admite más reclusos en una cárcel de los que pueden soportar, sigue aumentando. La falta de personal de seguridad hace que haya zonas en las que “la seguridad es nula”, dice el informe, y eso crea un clima en el que prospera el autogobierno, con la inseguridad y desprotección a la que están condenados los guardias.
Esto puede llevar a situaciones extremas como la reportada este jueves en un penal de Puente Grande, en Jalisco. La Asociación Nacional de Derechos Laborales de la Policía de México ha denunciado que cuatro guardias “fueron violados en la torre de seguridad” del penal. “Allí entraron los internos y violaron a las compañeras”, dijo el presidente de la asociación a Proceso. Las víctimas acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar el caso. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se ha apresurado a negar la realidad de los hechos. “Es mentira”, dijo el mandatario en sus redes sociales. En el penal Cereso 3 de Ciudad Juárez, donde se produjo el motín del 1 de enero, de los 17 muertos, 10 eran guardias penitenciarios que fallecieron a manos de delincuentes que intentaban fugarse.
En los últimos años, México ha enfrentado una creciente ola de violencia que ha llegado a sus cárceles, donde se han presentado hechos violentos que han culminado con la fuga y muerte de reclusos. El propio Gobierno, a través del decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, admite que el sistema penal del país enfrenta “graves distorsiones” que lo convierten en un mecanismo que pervierte el “carácter disuasorio de la pena para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad”. Y sentencia: “Las cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes y centro de operaciones de los grupos del crimen organizado”.
El autogobierno, estudiado por la CNDH en el citado informe, llega al punto de que los internos tienen las llaves de los candados que dan acceso a los dormitorios y otras estancias. También están a cargo de la vigilancia de los dormitorios y áreas comunes, organizar actividades de limpieza, pasar lista y “ejercer actos de control sobre la población y actividades laborales, educativas y recreativas”. Tienen el control de negocios como la entrega de alimentos, la gestión de tiendas de comestibles, las lavanderías o el cobro del uso del teléfono. Incluso, los directores del estudio pudieron observar la existencia de privilegios como el uso de ropa y calzado no autorizado, televisores, aires acondicionados, consolas para jugar videojuegos y hasta la apertura de espacios para visitas íntimas por la noche.
Un total de 20.542 personas trabajan en prisiones. Estos trabajadores tienen a su cargo 229.621 reclusos, según el Cuaderno de Información Penitenciaria Nacional. La Comisión determina que teniendo esto en cuenta, “el personal de seguridad no es suficiente”.
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