La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México fue vista inicialmente como un triunfo de la civilidad y la racionalidad técnica frente al voluntarismo y el ruido político. Sin embargo, bajo esa imagen moderada y científica, se ha profundizado una tendencia que preocupa: la creciente militarización del poder real en el país. Aunque la mandataria es civil, la influencia y control de las Fuerzas Armadas, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se ha ampliado considerablemente en áreas estratégicas que van más allá de la seguridad, incluyendo infraestructura, vigilancia y hasta aspectos económicos.
Uno de los hitos más significativos en este proceso fue la integración de la Guardia Nacional bajo el mando directo del Ejército. Por primera vez en la historia reciente, la seguridad pública quedó constitucionalmente bajo responsabilidad militar. Esta decisión marca una ruptura con etapas anteriores, cuando la presencia militar en seguridad pública se justificaba como temporal y con el compromiso eventual de regresar el control a autoridades civiles. Hoy, esa temporalidad parece difusa, con un marco legal que otorga a las Fuerzas Armadas el control permanente sobre estas funciones.
Este ajuste en la legislación, promovido por administraciones izquierdistas, simboliza una paradoja tanto política como ideológica al haber otorgado autoridad, deberes y recursos financieros a las Fuerzas Armadas, excediendo ampliamente sus roles tradicionales. Este proceso, en lugar de ser una solución temporal para combatir al crimen organizado, ha reforzado una entrega progresiva pero significativa del control civil.
A diferencia de varios países donde el Ejército tiene el poder abiertamente, en México se ha implementado un sistema híbrido y poco transparente. A pesar de que la Presidencia está en manos civiles, las decisiones importantes relacionadas con seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como la gestión de aduanas y empresas del Estado, están bajo control directo o indirecto de las fuerzas militares. Asimismo, la reciente legislación autoriza a estas entidades el acceso a datos sensibles de los ciudadanos, construyendo un Estado de vigilancia que se presenta como civil.
Esta expansión del poder militar no solo implica la entrega de funciones tradicionalmente civiles a las Fuerzas Armadas, sino también la erosión del control democrático. La falta de rendición de cuentas ante el Congreso, tribunales o ciudadanos, junto con la opacidad en el manejo presupuestal, debilita los contrapesos fundamentales para una democracia sólida. La subordinación de la Guardia Nacional a la Defensa, el respaldo a consejos de inteligencia sin supervisión civil y la ausencia de transparencia presupuestal son claros indicadores de esta realidad.
Este proceso no solo tiene repercusiones en la seguridad pública. Representa una transformación profunda del modelo de poder en México: un país donde el Ejército construye, administra, vigila, investiga y recauda sin estar sometido a controles civiles efectivos. La civilidad se ha convertido en una fachada que oculta un creciente dominio castrense en la vida pública.
A diferencia de golpes de Estado o marchas militares, esta conquista del Estado se da silenciosamente desde dentro, a través de contratos, acceso a datos y vigilancia. La sociedad y las instituciones civiles aún enfrentan el desafío de recuperar el control efectivo sobre las fuerzas armadas antes de que esta militarización irreversible limite la capacidad democrática.
Aunque México todavía no ha alcanzado los modelos de dominio militar total, como se ha visto en ciertos países, la tendencia reciente acerca al país a unos sistemas híbridos que integran la democracia electoral con la supervisión militar disfrazada, comparable a lo que sucede en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estas situaciones, la supervisión del Estado se torna invasiva y los equilibrios democráticos se deterioran gradualmente.
Si esta trayectoria sigue avanzando sin control, México podría enfrentar pronto un sistema democrático sin contenido, donde el presidente sea únicamente una cara visible de un gobierno controlado por una élite militar. Esta situación exige discutir y ajustar urgentemente el balance entre el poder civil y militar para mantener la democracia y el Estado de derecho en el país.