La edición más reciente del Latinobarómetro confirma ciertas tendencias observadas en América Latina y el Caribe (ALC) al menos desde finales del siglo pasado que, en todo caso, se han ido profundizando, pero en esencia han sido más o menos constantes desde que la región salió de la era de las dictaduras o se produjeron alternancias históricas, como en el caso de México.
Con diferencias en algunos casos relevantes de un país a otro, el informe muestra cinco conclusiones en el promedio regional: a) el apoyo a la democracia cayó del 63% al 48%, una disminución de quince puntos porcentuales desde 2010; b) la indiferencia respecto al tipo de régimen (democracia o autoritarismo) pasó de 16% a 28% este año; c) la preferencia por un “gobierno autoritario” frente a uno democrático pasó de 13% a 17%, aceptando una proporción importante esa opción y en algunos países mucho más alta como México donde pasó de 22% a 33%, la más alta de los 17 países incluidos; d) solo el 43% de los más jóvenes (16-25 años) apoya la democracia, frente al 55% de los mayores de 61 años, y, finalmente, e) a mayor nivel educativo de los entrevistados, mayor apoyo a la democracia. Casi ninguno de estos hallazgos es nuevo, y este y otros informes los han estado identificando durante algún tiempo. La pregunta relevante es cómo y por qué han aumentado en los últimos años. Vamos a ver.
En primer lugar, con las excepciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela principalmente, ALC cuenta con democracias electorales razonablemente estables, como lo demuestran las elecciones que se realizan periódicamente, con libertad y competencia. Hay alternancia en todos los niveles de gobierno e instituciones eficientes que garantizan certidumbre en los procesos y resultados. Sin embargo, para tener una democracia de calidad es fundamental abordar dilemas diferentes a los que surgieron hace apenas tres décadas. En varios países han surgido líderes autocráticos y populistas que llegaron por el voto, pero que intentan destruirlo —“dictaduras-elegidas”, los califica el informe— o movimientos que buscan desplazar el camino de la representación política como mecanismo de acción colectiva que condensan su participación desde un rechazo a los actores tradicionales —los partidos políticos y la clase política tradicional—, y desde una categorización de la política como una profesión corrupta. De mantenerse esta percepción, como anticipan Yascha Mounk y Roberto Stefan Foa, “las democracias tenderán a ser menos atractivas en la medida en que dejen de estar asociadas a la riqueza y el poder, y no enfrenten sus propios desafíos”.
El problema en el caso de ALC es que, en las condiciones actuales, es decir, de desigualdad y bajo crecimiento económico, la falta de confianza en las instituciones políticas puede resultar peligrosa por el desencanto democrático y profundizar un círculo vicioso. En otras palabras, la inferencia pública de que la democracia electoral traería por sí sola bienestar y desarrollo —una cosa es un ladrillo y otra la casa, como muy bien observó Guillermo O’Donnell— fomentó el surgimiento de demandas sociales más rápidas y visibles, respuestas políticas más cosméticas para la galería que efectivas en la realidad, atajos para alcanzar logros y, por tanto, la tentación de volver a prácticas que creíamos desterradas como el populismo, la autocracia y el itarismo autoral. A esto se suma, por supuesto, la ley del mínimo esfuerzo: las sociedades latinoamericanas son cada vez más sociedades demandantes, más proclives a los subsidios y las transferencias que al mérito y al esfuerzo, un comportamiento colectivo que los autócratas han sabido leer, comprender y explotar muy bien.
En el escenario más optimista, es posible que este paisaje no se convierta en un factor de corrosión de la democracia formal, sino sólo de su calidad. ¿Porque? Las explicaciones son múltiples, y quizás la más inmediata es que, en ciertos casos, las expectativas generadas tienden a ser tan altas y los resultados tan precarios con respecto a las múltiples metas que la sociedad atribuye a la democracia, que finalmente no las alcanza porque su provisión depende de muchos otros factores como el crecimiento, la educación de calidad, la innovación, la productividad, las regulaciones económicas adecuadas, las instituciones eficaces, las políticas públicas creativas y basadas en evidencia, las reformas de segunda o tercera generación, así como las circunstancias internacionales favorables. Es decir, variables que no abundan en la región.
Por sí solo, un cambio de régimen político no necesariamente genera una democracia funcional o una ciudadanía fuerte, autónoma y responsable. Pero por ahora esa creencia existe y causa confusión. Si los únicos indicadores para medir la eficacia de los gobiernos y la satisfacción que proporcionan son las políticas populistas, los controles corporativos de clientelas e instituciones, o la polarización de la conversación pública, entonces la esencia de la democracia empieza a perder sentido, se reduce a una «democracia mínima» y se vuelve, como dice Marcel Gauchet, «presa de una leve autodestrucción, que deja intacto su principio, pero que tiende a privarla de eficacia».
En consecuencia, ALC necesita con urgencia que su régimen democrático sea revestido de nuevos contenidos y satisfacciones, en un contexto en el que exista un buen entendimiento de lo que ofrece y lo que no ofrece la democracia, se favorezca el diseño e implementación de políticas públicas efectivas con un adecuado nivel de consenso y legitimidad, una ciudadanía comprometida y proactiva, y un sector público eficaz, eficiente y transparente.
En segundo lugar, la región tiene una tarea aún más urgente, que es brindar una educación de calidad, como lo expresa claramente el informe: en nuestras «democracias imperfectas» es la educación la que aumenta el apoyo a la democracia. Aquí radica una de las claves para impulsar un proceso de transformación. Para ello, la educación de calidad se presenta como una vía eficaz por su esencia igualadora, su adaptabilidad a las nuevas demandas y su capacidad de generar cambios y motivar su apropiación generalizada. Los valores cívicos que se promueven desde las aulas tienen que mirar hacia la formación de una ciudadanía de alta intensidad que promueva y reconozca derechos, deberes y obligaciones y que redunde en una convivencia pacífica y ordenada donde la democracia se perciba como un valor colectivo por su superioridad ética y política.
En tercer lugar, abordar de manera efectiva este desafío es una condición sine qua non para lograr una mayor cohesión social, equidad e inclusión, una economía creciente y competitiva y una democracia sostenible, objetivos que están vinculados al funcionamiento efectivo de los sistemas educativos. Tanto la literatura académica como la evidencia internacional prueban que, por supuesto, este esfuerzo involucra diferentes instrumentos de política económica, social e institucional, pero hay uno en el que coinciden: la necesidad de una educación enfocada ahora en la calidad y la excelencia y no solo en la escolarización.
Las razones de este fenómeno que aúna descontento, decepción y pasividad son sin duda variadas e incluso contradictorias, como se puede apreciar en el informe, pero lo cierto es que han sembrado condiciones de irracionalidad muy peligrosas donde los ciudadanos, como escribió hace un tiempo Daniel Innerarity, más que elegir, de-eligen: “hay mucho más rechazo que proyecto… no votas para solucionarlo, sino para expresar tu descontento. Y, en lógica correspondencia, se eligen quienes prefieren encabezar las protestas contra los problemas que trabajar para solucionarlos. Por eso la competencia o incompetencia de los candidatos es un argumento tan débil. Lo decisivo es representar el malestar mejor que otros”.
El panorama que ofrece Latinobarómetro, en definitiva, es muy preocupante —y en algunos países alarmante— y se corre el riesgo de que ALC se encuentre ahora en una espiral de abierto deterioro político, institucional y cívico más que en una “recesión democrática”, y en consecuencia caiga en una peligrosa trampa de la que no será fácil ni rápido salir: convertirse en un conjunto de democracias formales sin demócratas reales.
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