EE.UU. detiene a Nicolás Maduro tras los ataques ocurridos en Caracas y declara un “control provisional” sobre Venezuela, mientras la ONU convoca una reunión de emergencia
Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Venezuela que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico, en lo que constituyó la intervención más contundente de Washington en América Latina en décadas, de acuerdo con informes oficiales y de diversas agencias.
El presidente Donald Trump afirmó que Washington “dirigirá” Venezuela de forma temporal “hasta que pueda haber una transición segura”, y señaló que grandes compañías petroleras estadounidenses participarían en la recuperación de la infraestructura energética del país, una afirmación que desató críticas y preguntas sobre el verdadero alcance de la operación.
De acuerdo con Reuters, la incursión incluyó ataques contra instalaciones militares y afectaciones eléctricas en partes de Caracas. Trump dijo que fuerzas especiales capturaron a Maduro en o cerca de una de sus casas de seguridad; posteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados primero a un buque de la Marina estadounidense y luego volaron a Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó su llegada a Nueva York y se prevé que comparezca en una corte federal el lunes.
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó lo ocurrido como un “secuestro” y exigió la liberación inmediata de Maduro, al tiempo que insistió en que sigue siendo “el único presidente” del país, según Reuters. Horas después, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ordenó que Rodríguez asuma como presidenta encargada para “garantizar la continuidad administrativa” mientras se define un marco legal ante la “ausencia forzada” del mandatario detenido.
ONU: sesión del Consejo de Seguridad y tensión diplomática
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes tras una solicitud de Colombia respaldada por Rusia y China, informaron diplomáticos a Reuters. El secretario general António Guterres, a través de su portavoz, consideró que la acción estadounidense sienta “un precedente peligroso” y pidió respeto pleno al derecho internacional y a la Carta de la ONU.
Venezuela, por su lado, expuso ante el Consejo de Seguridad lo que describió como una “guerra colonial” destinada a imponer un gobierno títere y expoliar recursos, según una misiva citada por Reuters. Washington, por el contrario, ha procurado presentar la operación como un acto de “justicia” contra un líder “acusado” de narcotráfico, conforme a declaraciones difundidas por la misma agencia.
Reacciones: opiniones divididas en América Latina y Europa
Las respuestas en la región mostraron contrastes. El presidente colombiano Gustavo Petro repudió el ataque y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva coincidió con esas críticas y afirmó que el bombardeo y la captura “rebasan un límite inaceptable”, según Reuters. En Chile, el presidente saliente Gabriel Boric rechazó la intervención, mientras que el presidente electo José Antonio Kast aplaudió la detención de Maduro. México igualmente manifestó su condena, en tanto que Argentina y Ecuador expresaron su apoyo a la acción estadounidense, de acuerdo con el mismo reporte.
En Europa, Alemania solicitó una solución política y alertó sobre el riesgo de una escalada, subrayando la importancia de cumplir con el derecho internacional, según Reuters.
Debate interno en EE.UU.: Congreso exige explicaciones
En Washington, legisladores demócratas denunciaron que fueron “engañados” en reuniones clasificadas previas, en las que —según dijeron— se les aseguró que no habría cambio de régimen ni acción militar. También exigieron un plan claro sobre el costo y el alcance de la intervención, mientras Trump argumentó que mantuvo el operativo en secreto para evitar filtraciones.
Por qué algunos lo ven como un avance para los derechos humanos
Según los defensores, la clave reside en que el mayor freno para la restauración democrática no era de índole técnica, sino coercitiva: el aparato estatal se empleaba de manera sistemática para intimidar, detener y acallar a opositores, comunicadores y ciudadanos. Un informe con las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU expone prácticas como arrestos arbitrarios, tortura y agresiones sexuales, y presenta la represión como un patrón persistente dirigido contra voces disidentes.