Claudia Sheinbaum, quien es la virtual presidenta electa de México, reaccionó con firmeza ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre el rediseño del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El traslado de vuelos de carga y la reorganización del espacio aéreo en la capital han generado preocupación entre los sectores empresariales y gubernamentales del país vecino, argumentando que estos cambios podrían perjudicar a empresas extranjeras. En respuesta, Sheinbaum afirmó que la nación está actuando dentro de su soberanía y no se someterá a presiones externas.
Durante una conferencia reciente, Sheinbaum afirmó que la saturación del AICM es un problema claro que necesita acciones decididas por parte del Estado mexicano. En este contexto, defendió completamente el traslado de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), resaltando que es una medida técnica y estratégica. “El AICM no puede continuar funcionando bajo las condiciones actuales. Esta decisión pretende organizar, modernizar y mejorar la seguridad del espacio aéreo mexicano”, aseguró.
La estrategia para redistribuir los vuelos se puso en marcha con el propósito de aliviar una terminal aérea que ha funcionado durante años por encima de su capacidad. Las condiciones de la infraestructura y las restricciones geográficas han forzado la readecuación de rutas y el traslado de operaciones, una medida que Sheinbaum consideró imprescindible y que continuará en su gestión.
Desde Estados Unidos, algunas voces han advertido sobre posibles afectaciones a empresas estadounidenses involucradas en el transporte de mercancías por vía aérea, e incluso se ha sugerido que podrían tomarse medidas diplomáticas o comerciales si no se revisa la situación. No obstante, Sheinbaum dejó claro que México no está violando ningún acuerdo ni tratado internacional y que el rediseño responde exclusivamente a prioridades logísticas nacionales.
“No estamos haciendo nada fuera de la ley. Somos una nación soberana que toma sus decisiones con base en sus propias necesidades. Y aunque estamos abiertos al diálogo y a la cooperación, eso no implica que aceptemos condicionamientos o amenazas”, declaró la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, resaltó las ventajas del AIFA, que cuenta con infraestructura moderna y amplias capacidades para el manejo de carga, además de estar conectado con rutas terrestres estratégicas. En su opinión, este aeropuerto representa una oportunidad para diversificar y mejorar el sistema aeroportuario del país, así como para fomentar un desarrollo más equilibrado del Valle de México y sus alrededores.
Frente a las especulaciones de un eventual impacto negativo en las relaciones bilaterales, Sheinbaum insistió en que la cooperación con Estados Unidos continuará, pero bajo un principio de respeto mutuo. Subrayó que la relación con el vecino del norte debe basarse en el diálogo constructivo y no en medidas unilaterales ni presiones diplomáticas.
Este fenómeno ocurre dentro de un marco más amplio de evaluación del modelo de infraestructura en México. En los últimos años, el gobierno federal ha optado por redistribuir la operación de vuelos a nuevos aeropuertos y por expandir la red nacional de transporte aéreo con el propósito de aliviar las principales terminales del país y crear centros de desarrollo regional.
En el caso del AICM, las acciones recientes incluyen no solo la reducción del número de operaciones por hora, sino también el traslado de vuelos de carga y la inversión en mantenimiento y seguridad. Estas medidas han sido recibidas con opiniones divididas entre sectores logísticos y empresariales, algunos de los cuales piden mayor coordinación con operadores internacionales.
La próxima administración, que encabezará Sheinbaum a partir del 1 de octubre, tendrá entre sus retos continuar esta reestructuración sin fracturar las relaciones internacionales, pero también sin comprometer el principio de soberanía nacional. Con su posicionamiento reciente, la futura mandataria dejó en claro que no está dispuesta a retroceder en decisiones que considera estratégicas para el país.